La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está legitimada para interponer el recurso de revisión fiscal en los diversos supuestos del artículo 63, párrafo primero, y de las fracciones I a III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Así lo señaló la jurisprudencia en materia administrativa: 2a./J. 122/2017 (10a.), publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde explica que el primer párrafo del artículo referido establece un supuesto genérico de procedencia del recurso de revisión fiscal que atiende a la posibilidad de impugnar las resoluciones o sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin dar facultades exclusivas a determinada autoridad para interponerlo.

En ese sentido, “cualquiera de las que fueron parte en el juicio contencioso puede hacerlo valer, incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, detalló la jurisprudencia.

Las fracciones I a III, del artículo 63 referido, contemplan supuestos específicos para que la SHCP, “como uno de los sujetos legitimados pueda hacerlo valer, de forma que ese supuesto es complementario y no excluyente de la hipótesis genérica del párrafo primero, en tanto que en este  no se limita la legitimación procesal para la autoridad que puede interponer el recurso”.

De manera genérica, se menciona que la “autoridad” puede hacerlo valer por medio de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica y de igual manera se alude al “recurrente”.

En ese sentido, se permite inferir que cualquier autoridad que sea parte en el juicio contencioso administrativo, en su calidad de demandante o demandada, incluyendo la SHCP, dado su carácter de parte dentro del juicio, está legitimada para interponer el recurso de revisión.

Esto, cuando el asunto actualice alguno de los supuestos de las fracciones referidas y  en el caso de la fracción III, cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa en el (inciso a).

De igual manera: “la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones [inciso b)]; la competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación [inciso c)]; violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo [inciso d)]; violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias [inciso e)]; y las que afecten el interés fiscal de la Federación [inciso f)]”, concluyó.