La Iglesia católica blofea con el tema del voto de castigo, ya que no hay evidencia de que la gente haya decidido sufragar contra el PRI por la propuesta del matrimonio igualitario, aseguró Bernardo Barranco, especialista en temas de religión.

Barranco, quien lleva más de 20 años trabajando con instituciones religiosas, afirmó que hay estudios de opinión que demuestran que sólo 11% de los votantes conoce la propuesta de matrimonio igualitario que envió el Presidente al Congreso, por lo que es ilógico que esto haya jugado en contra del PRI en la pasada elección.

“Ni remotamente pudo haber incidido o influido en un voto de castigo católico en la derrota histórica que sufrió el PRI, más bien lo que percibo es blofeo y un oportunismo que fortalezca la postura católica frente al debate de las bodas gay”, dijo el especialista.

Desde el periodo electoral, diversos actores religiosos manifestaron su oposición a la iniciativa del presidente Enrique Peña sobre el matrimonio igualitario. Por ejemplo, la Arquidiócesis Primada de México, que argumentaba que en el país hay problemas más apremiantes, como seguridad, corrupción y pobreza, que deberían ser atendidos primero.

Tras el resultado del 5 de junio, donde el PRI perdió siete de 12 elecciones a gobernador, varios obispos aseguraron que esto fue porque los católicos votaron en forma de castigo por la propuesta del matrimonio homosexual, algo que Barranco niega.

“Los obispos como el de Veracruz (Luis Felipe Gallardo) que blofean sobre que fue un voto de castigo católico en la entidad, también desconocen los estudios donde la gente señala que votó contra el desastre del gobernador y por la corrupción”.

Barranco añadió que ahora la Iglesia católica busca hacer leña del árbol caído al hablar del voto de castigo, para así entrar al debate del matrimonio igualitario con un arma política.

“Pero este debate (del matrimonio entre homosexuales) no se trata de la popularidad del presidente o del PRI, sino de los derechos de un sector de la población”, señaló.

Por el momento, la propuesta del Ejecutivo sigue en espera de debatirse en el Poder Legislativo, esto durante su próximo periodo ordinario, que comenzará el 1 de septiembre.

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